Estalló como bomba la noticia de los 370 reos que murieron en un incendio en la cárcel de Comayagua en Honduras.
Muchos inmediatamente expresaron su satisfacción: que bueno que se murieron 370 maleantes. Una posición inhumana e inaceptable. Algunos incluso dicen: Que bueno que los cartrachos los dejaron morir, así deberían hacerlo aquí. Colmo de cinismo.
Yo también tengo esta duda: ¿Cómo pueden morir en un incendio 375 reos, o sea la mitad de los internos de una cárcel, si las autoridades hacen el intento de evacuarlos? Todo parece indicar que para los custodios pesaba más el peligro de una fuga masiva que el peligro de una muerte masiva. Y ahora dicen que el tiempo que perdieron para salvar a los reos era “por protocolo” – quiere decir: el sistema es así, la muerte de 370 reos es un riesgo calculado.
En otra palabras: A los reos en Comayagua los encerraron y botaron la llave...
La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: Teniendo idéntico hacinamiento en nuestras cárceles, ¿tenemos el mismo “protocolo”, las mismas prioridades, el mismo sistema en El Salvador? ¿Estará programado un desastre parecido en Mariona o cualquier otra cárcel salvadoreña? ¿Tiene el sistema carcelario nuestra la capacidad -¡y la voluntad!- de evacuar a los reos en un caso de un incendio, en vez de arriesgar que se mueran todos?
Pero hay que hacerse otra pregunta que realmente es de fondo: ¿Existe un plan para una reforma del sistema carcelario que responda a las exigencias de seguridad de los ciudadanos, pero también al derecho a la vida de los internos? ¿Existe la voluntad de sacar de las cárceles a miles de gente que no son violentos, para hacer espacio ara los violentos que andan libres? ¿Qué pasó con la idea de crear Asocios Público Privados para construir y administrar nuevas cárceles? ¿Por qué no exigimos a los Estados Unidos a firmar un convenio de cumplimiento de penas de los deportados, asumiendo ellos los costos del internamiento en cárceles nuestras de personas condenadas en Estados Unidos y luego deportadas?
Pero no sólo hay que preguntar al gobierno a ver si tiene planes y capacidad para resolver todos estos problemas. También hay que preguntar a la sociedad si tiene la voluntad de invertir fondos públicos en la solución de la crisis carcelaria. Mientras las redes sociales estén llenos de ciudadanos que proponen como solución quemar a todos los reos, o permitir que se maten entre ellos, difícilmente un gobierno (de izquierda o de derecha) va a proponer gastos extraordinarios para resolver la crisis extraordinaria que tenemos en todo el sistema carcelario.
En este sentido, la llegada de Douglas Moreno al vice-ministerio de Justicia y Seguridad, puede ser una señal positiva. Desde su trabajo como director general de centros penales conoce bien la situación y las posibles soluciones. De una posición ingenua de casi complicidad con los pandilleros presos en su lucha de no perder el control dentro de las cárceles, Douglas Moreno se ha movido a posiciones sensatas y de equilibrio entre firmeza del Estado y respeto a los derechos humanos. Ojala que el gobierno le dé a este funcionario el espacio y el apoyo necesarios para promover una reforma carcelaria.
(EDH)
