El problema de inseguridad, violencia y pandillas en El Salvador se
genera en la medida que el Estado deja de ejercer su función en muchas
partes del territorio nacional, sobre todo en los barrios (comunidades,
colonias, cantones) populares del país. Se quedan cortos los que aceptan
esta tesis solamente en cuanto a la pérdida de control policial. El
Estado es mucho más que autoridad de seguridad. Sólo cuando es
autoritario, como lo fue antes de los Acuerdos de Paz, el Estado puede
compensar la ausencia de sus servicios integrales a la ciudadanía con la
fuerza de su presencia represiva. En democracia, el Estado
esencialmente es proveedor de servicios. Y si no los provee, tampoco
puede cumplir su responsabilidad de proveer seguridad.
Las
pandillas y su cultura se han podido desarrollar solamente en la medida
que el Estado no está presente como autoridad, como protector de la
familia y como proveedor de los servicios que definen su rol: educación,
salud, seguridad, protección y prevención de desastres naturales,
transporte público eficiente y digno, agua potable, manejo de aguas
negras y basura, acceso a electricidad, etc. Es más, se puede
interpretar que las pandillas son una respuesta a la ausencia del Estado
como generador de reglas de convivencia.
Ningún plan de seguridad
promete éxito mientras el Estado sólo se proponga recuperar el control
territorial en el sentido policial. El vacío de Estado y de todos sus
servicios, que existe en partes de nuestro territorio y de nuestro
entramado social, tiene que llenarse de manera integral.
Muchos
ya han llegado a esta conclusión, pero hay una verdad que hasta ahora no
se ha llevado al debate nacional: La única manera en que el Estado
puede construir presencia integral, efectiva y sostenible en los
territorios ahora marginados es mediante su descentralización. Es
imposible imaginarse cómo el Estado centralizado que históricamente
tenemos en El Salvador puede llenar los vacíos y deficiencias que se
observan a nivel comunal. Hay que empoderar a los gobiernos municipales,
dándoles las competencias y los correspondientes recursos, para hacerse
cargo de educación, salud, seguridad en sus comunidades, así como de
los servicios básicos públicos (agua, aguas negras, basura,
electricidad, transporte público y red vial). Y dentro de las
municipalidades hay que empoderar a la organización comunal y vecinal
como contraparte del gobierno local.
Los gobiernos locales, sobre
todo cuando ellos mismos funcionan de manera descentralizada, son el
único eslabón del Estado suficientemente cercano al ciudadano como para
procurar un desarrollo integral y sostenible de sus barrios, colonias,
comunidades, cantones y familias. Sólo en este eslabón del Estado la
ciudadanía puede incidir directamente en la administración de los
recursos públicos y en la priorización de los problemas a resolver. Y
sólo en este eslabón comunal, más cerca de la ciudadanía y más lejos de
la esfera política e ideológica, se pueden construir acuerdos entre
todos los actores, sin ninguna exclusión, para reconstruir efectivamente
el tejido social actualmente dañado.
Un Estado descentralizado,
expresado en sus gobiernos locales, puede construir, con la
participación de todos, convivencia pacífica sin tener que negociar
privilegios para nadie (mucho menos para grupos al margen de la ley), lo
único que tiene que hacer es cumplir a cabalidad las responsabilidades
constitutivas del Estado: dar servicios a toda la ciudadanía, sin
exclusiones. Para tener capacidad de hacer esto, necesariamente tiene
que descentralizarse y tienen que concentrarse en los gobiernos
municipales todas las competencias y recursos necesarias para el
desarrollo local. Para construir paz, las comunidades en los territorios
ahora marginados y abandonados por el Estado tienen que concertar las
soluciones a sus problemas, y no las pueden concertar con ministerios y
otras burocracias nacionales, pero sí con sus contrapartes comunales en
las alcaldías. Los ciudadanos no pueden sentirse partícipes,
controladores y socios de las burocracias nacionales, pero sí de sus
gobiernos municipales.
La ausencia del Estado, el abandono de sus
responsabilidades y la negación de los servicios estatales son las
raíces de la marginalización de territorios enteros, y de la
consiguiente generación de los círculos viciosos de frustración,
transgresión de las leyes y normas, represión del delito, violencia, más
represión, más violencia… No es la pobreza que produce violencia y
delincuencia, es la marginación de comunidades enteras.
Las
comunidades no exigen al Estado ningún beneficio especial. Ni siquiera
los pandilleros. Sólo exigen que el Estado cumpla a cabalidad su
función, sin marginar a nadie. Y que lo haga de manera consensuada con
la ciudadanía. Punto.
Mientras en el Consejo de Seguridad
Ciudadana no discutan la manera cómo el Estado puede recuperar su
presencia en los territorios marginados, esta entidad no va a poder
generar soluciones. La descentralización del Estado de repente es mucho
más que una reforma administrativa, es la refundación del Estado
necesaria para recuperar su capacidad de dar servicios a sus ciudadanos y
así romper con la marginación. Sólo los municipios pueden enfrentarse
al reto de transformar los barrios y romper la marginalización.
(El Diario de Ho