Columna
transversal: Un capricho presidencial inaceptable
Es absurda la orden que Mauricio Funes,
en su carácter de comandante general de la Fuerza Armada, dio al coronel
Sigifredo Ochoa Pérez a presentarse al servicio militar activo luego de 24 años
de vida civil. En todos los sentidos posibles.
Es absurdo que el presidente de la
República haga uso de su competencia de llamar al servicio militar activo a un
oficial retirado sin que una urgencia o emergencia que justifique una medida
tan excepcional. Funes emitió esta orden sin ninguna razón que tenga que ver
con asuntos militares. No está llamando a Ochoa Pérez al servicio militar
activo para encargarle una misión militar, o algo que requiera de experiencia
militar. Lo está obligando a ponerse el uniforme para cumplir una misión civil.
Si el presidente piensa que el interés de la nación demanda que Sigifredo Ochoa
Pérez se incorpore a la Comisión Consultiva de asuntos limítrofes, perfectamente
le hubiera podido ofrecer este cargo como civil. Y Ochoa Pérez, como ciudadano
civil, hubiera podido tomar la decisión de aceptar este nombramiento o
rechazarlo. Como militar activo no tendrá esta libertad. Estaría obligad a
cumplir órdenes. ¿Qué sentido tiene tener en una Comisión Consultiva a alguien
que no quiere estar ahí y sólo está catando órdenes? Ninguno.
Lo más absurdo es que Funes quiere que
Ochoa Pérez, una vez de alta como militar activo, se incorpore a la misma
Comisión Consultiva adscrita al Ministerio de Relaciones, de la cual el año
pasado separó al doctor Fabio Castillo - por falta de confianza.
Si Fabio Castillo, para una misión de
esta índole jurídica y diplomática, no es hombre idóneo o de confianza para el
presidente, ¿cómo lo será el coronel Sigifredo Ochoa? Fabio Castillo se había
atrevido a criticar al presidente, y esto destruyó la base de confianza y llevó
a su inmediata destitución, por órdenes presidenciales. Pero Ochoa Pérez ha
criticado al presidente de manera mucho más sistemática y de fondo que Fabio
Castillo. A diferencia de Fabio Castillo, Ochoa Pérez es un hombre de derecha,
un militante activo y candidato a diputado de ARENA. Y a este hombre el
presidente lo quiere de alta en la Fuerza Armada y lo designa representante del
Ministerio de Defensa en la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores...
Vaya alguien a entender a este presidente.
Todavía no terminan las incongruencias en
el actuar presidencial. Resulta que a los pocos meses de asumir la presidencia,
Mauricio Funes destituyó al coronel Sigifredo Ochoa Pérez de su cargo de
embajador salvadoreño en Honduras. Razón expresa: falta de confianza. La
verdadera razón: las buenas relaciones de Ochoa con sus homólogos hondureños,
en este momento en el banquillo de los acusados luego de haber expulsado del
país al presidente Zelaya...
Entonces, si obviamente no es por
confianza; si no es por emergencia militar; si tampoco es por su alta
calificación profesional-académica, ¿por qué es tan importante tener al coronel
Ochoa Pérez en la tal Comisión Consultiva que el presidente tome la una medida
tan extraordinaria de obligarlo a asumir el cargo poniéndole de alta como
militar?
No hay razón. La única manera de
explicarlo es el capricho de un presidente que no aguanta crítica. Ya Funes le
advirtió públicamente a Ochoa Pérez que se cuide la lengua, ya que ahora es
sujeto a disciplina militar.
Se trata, a todas luces, de un abuso de
poder. Hay abusos de poder que son risibles, como mandar a instalar semáforos
en frente de la residencia presidencial. Y hay abusos que nos deben de
preocupar a todos, porque involucran su función de comandante en jefe de la
Fuerza Armada. Siempre cuando el presidente toma decisiones ejerciendo esta
función, está en juego la seguridad nacional. Ahí no puede haber espacio para
decisiones antojadizas, indiscriminadas o de capricho. Está en juego la
autoridad y legitimidad de la máxima autoridad militar.
Un presidente no tiene derecho de
intervenir en los asuntos de la Fuerza Armada por razones que nada tienen que
ver con consideraciones militares o de seguridad, sino exclusivamente con la
incapacidad del presidente de lidiar con críticas. Poner de alta a un oficial
retirado para callar a un opositor, es inadmisible.
Si esta movida además significa una
intervención presidencial en una elección popular, es doblemente condenable.
Esto es el caso, porque Sigifredo Ochoa Pérez está legalmente inscrito ante el
Tribunal Electoral como candidato opositor a una diputación. Poniéndolo de
alta, sin ninguna razón de Estado, es claramente una intervención indebida en
el proceso electoral, ya que Ochoa Pérez, una vez de alta, no puede seguir
siendo candidato.
La única manera de reparar el daño que el
presidente está haciendo a la institucionalidad democrática del país es
revocando su propia orden de declarar de alta al coronel Sigifredo Ochoa Pérez.
(El Diario de Hoy)
